En un entorno empresarial cada vez más regulado, el cumplimiento normativo, o compliance, emerge como una herramienta esencial para prevenir sanciones regulatorias. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España persigue conductas como la fijación de precios, la limitación de la producción y el abuso de posición dominante, entre otras, bajo la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia.
Aunque las medianas y pequeñas empresas suelen sentirse distantes de esta legislación, las corporaciones de mayor envergadura enfrentan riesgos significativos. La CNMC ha modificado la ley para hacerla más persuasiva, introduciendo cambios como la prohibición de contratar con la administración pública y un programa de clemencia para prácticas colusorias.
La reciente “Guía sobre los programas de cumplimiento normativo en relación con las normas de competencia”, publicada por la CNMC, destaca la importancia del compliance. Esta guía ofrece criterios de evaluación para programas de compliance efectivos, subrayando la necesidad de identificar riesgos, comprometer al órgano directivo, garantizar la independencia del departamento de compliance y establecer canales de denuncia, entre otros aspectos.
La CNMC reconoce que un programa de compliance no exonera automáticamente de responsabilidad, pero puede considerarse como un factor atenuante en caso de sanción. Diferencia entre programas establecidos antes o después del inicio del proceso sancionador, lo que puede influir en la reducción de multas o en la elusión de prohibiciones contractuales con la administración.
La inminente transposición de la “Directiva de Whistleblowing” obligará a empresas con más de 50 empleados a contar con un canal de denuncias anónimo, lo que permitirá identificar prácticas anticompetitivas de manera confidencial.
En conclusión, la valoración y orientación proporcionada por la CNMC en la atenuación de sanciones destaca la importancia del compliance en el ámbito empresarial, reforzando la necesidad de implementar programas efectivos para prevenir prácticas ilícitas y proteger la viabilidad y reputación de las empresas.
